El Gobierno debe montarse rápidamente en un plan para para acelerar la ejecución, porque un gasto tan bajo en infraestructura afecta considerablemente la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Magín J. Díaz
Estoy más que consciente que al Gobierno aquí todo se le critica, porque los dominicanos estamos siempre dispuestos a hacer -parafraseando a Federico Henríquez Gratereaux- “un ciclón en una botella.” Por ejemplo, ahora que está reduciendo el déficit respecto a 2020, muchos analistas dicen que esto es malo. Pero estoy seguro que si el déficit fuera igual o mayor, muchos estuvieran calificándolo de irresponsable y lloverían los ataques.
Y no hay que tomar un extremo ni otro. Es necesario tratar de ser objetivo en el debate. Yo veo un punto positivo en el ajuste fiscal: refleja que el Gobierno respeta las restricciones presupuestarias, lo que aleja la posibilidad de una crisis fiscal. La estabilidad macroeconómica podría ser la punta de lanza de los logros de esta gestión.
Pero al ver los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre y las proyecciones realizadas por el propio Gobierno, podemos ir perfilando la política fiscal para los próximos años y encontramos ya, casi al cumplir su primer año de gestión, datos que no deben sorprendernos y que vale la pena revisar.
El gasto total del primer semestre de este año es similar al del año pasado. Parece entonces que no es tan fácil bajar el gasto público, sobre todo para el segundo país con el nivel más bajo de América Latina en ese renglón, como afirma el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un trabajo reciente. Lo que siempre habrá es margen para reasignar gastos, no solo por mejora en la calidad y eficiencia, sino para reflejar los proyectos de un nuevo Gobierno. Pero, de ahí a afirmar que se podían lograr ahorros a nivel de las cuentas fiscales es una cosa muy diferente.
Este año el Gobierno Central proyecta un déficit fiscal de 4.1% del PIB y para 2022 de un 4.4% en ausencia de medidas que aumenten los ingresos o bajen el gasto público. Si sumamos a esto el balance del resto del Sector Público, llegamos a un déficit consolidado superior al 5% del PIB para 2021 y 2022. ¿Será que el Sector Público Dominicano está convergiendo a un déficit estructural de esa magnitud?
Lo preocupante es que esto ocurre a pesar de que en el primer semestre de este año la inversión pública fue una de las más bajas en al menos las últimas dos décadas. En efecto, la inversión fue inferior a 500 millones de dólares, menos de la mitad del promedio observado en los últimos quince años. En términos reales, es decir, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, la inversión pública en el primer semestre fue inferior a la del año 2000.
En los últimos años la inversión del Gobierno ha fluctuado en un valor cercano al 3% del PIB, monto similar al promedio de América Latina. Y esto no es bueno ya que solo hay una región en el mundo que invierte menos: Africa Sub Sahariana, que lo hace a un ritmo inferior a 2% del PIB y que está entre las menos desarrolladas del mundo. Un estudio del Banco Mundial ubica el monto de la inversión necesaria en infraestructura pública para América Latina en un monto de 5% del PIB.
Las Alianzas Público Privadas (APPs) pueden ayudar y es bienvenido el impulso que les está dando el Gobierno. Son un buen complemento si están bien diseñadas y se realizan de forma transparente. Debemos apuntar a llegar al promedio regional que es cercano al 1% del PIB. Pero la experiencia indica que esto no alcanza para cubrir la brecha de gasto en infraestructura que tienen nuestros países.
El Gobierno saldrá bien librado este año porque la economía crecerá mucho. Pero tiene que montarse rápidamente en un plan para acelerar la ejecución porque un gasto tan bajo en infraestructura afecta considerablemente la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Los reconocidos economistas Luis Servén y William Easterly, analizaron el impacto tan negativo que tiene para una economía que el Gobierno reduzca su inversión. Siguiendo sus sugerencias ,el Gobierno (tal vez con asistencia técnica del FMI) puede pasar a definir sus objetivos fiscales en base a indicadores de más largo plazo o restricciones presupuestarias inter-temporales, para que puedan dejarse fuera de la restricción anual grandes proyectos de inversión con alta rentabilidad social.
De esta manera el Gobierno no afecta tanto las posibilidades de crecimiento futuras de la economía al realizar ajustes fiscales contrayendo la inversión pública y tomando como referencia el balance fiscal corriente de cada año. Hay límites a la estabilización fiscal a través de la reducción al gasto público en infraestructura. Y ya estamos llegando a ese límite.
Fuente: Diario Libre
