La reforma de Biden contiene una serie de medidas tributarias dirigidas a los más ricos. Es decir, una reforma progresiva: que paguen más los que más tienen. Entre las medidas se encuentra un impuesto de 1% a la recompra de acciones en los mercados de capitales y un impuesto mínimo de 15% a las multinacionales.
La semana pasada el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación. Y con ese título ya los lectores deben estar pensando que nada más oportuno: una legislación para bajar la inflación que está en los niveles más altos en los últimos cuarenta años, casi 9%, cuando la Reserva Federal venía operando con una meta anual de 2%. Para los norteamericanos se trata de un nivel de inflación escandaloso que está minando la popularidad del Presidente Biden.
Así que muchos pensarán que es una ley de control de precios, o bien que se ordena a las empresas y productores que bajen sus tarifas para que los consumidores sientan un alivio en esta coyuntura. Pero nada más alejado de la realidad. El nombre de la ley confunde, pero quizás lo escogieron para lograr algún impacto político.
Fuera de toda especulación, la verdad es que es una Reforma Fiscal. Es decir, un paquete de medidas de ingresos, gastos e incentivos tributarios. Nada que ver con control de precios. ¡Es una reforma fiscal en medio de la crisis inflacionaria! Es lo que se está haciendo también Chile y Colombia. Muchos temen que esto pase aquí en nuestro país.
¿Y en qué consisten las medidas? En resumen: más gastos, más impuestos, incentivos (en su mayoría créditos tributarios para fomentar inversiones); y un resultado neto positivo, es decir, los ingresos esperados son mayores que los gastos; y por tanto hay un componente de reducción del déficit fiscal.
Por un lado, la ley contiene un aspecto de más gasto público e incentivos tributarios en sectores o temas estratégicos, como el cambio climático, energías renovables y fondos para combatir las sequías.
Por otro lado, contiene una serie de medidas tributarias dirigidas a los más ricos. Es decir, una reforma progresiva: que paguen más los que más tienen. Entre las medidas se encuentra un impuesto de 1% a la recompra de acciones en los mercados de capitales. Y como los pobres no negocian en estos mercados, es claramente un impuesto dirigido al segmento más rico de la población. También está el impuesto mínimo de 15% a las grandes multinacionales. Este gravamen tiene implicaciones para la mayoría de los países del mundo.
Es una iniciativa liderada por la administración de Biden desde que asumió el Gobierno y ya ha sido aceptada en principio por la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es decir, estamos ante un proyecto con impacto global. No está demás que nuestras autoridades presten atención a esta nueva política de imposición a las empresas multinacionales, la cual sin dudas tendrá impacto en nuestro país.
Entre otras medidas, la ley prevé un aumento del presupuesto de la agencia tributaria estadounidense. En específico, para contratación de más personal y para inversión en sistemas y tecnología. La realidad es que en los últimos años el presupuesto de dicha agencia se ha reducido y esto ha tenido un impacto negativo en la calidad del servicio, en el deterioro de la infraestructura tecnológica y en una pérdida considerable de personal calificado.
En simples palabras: la agencia tributaria va a mejorar su infraestructura tecnológica para tener más y mejor información, y va a salir a recaudar con más personal. Las autoridades dicen que esto será focalizado en los contribuyentes de mayor riesgo. Pero algunos de los congresistas republicanos más radicales advierten que el Gobierno enviará a la calle un ejército de auditores para hacerle la vida imposible al contribuyente y exprimir de recursos a la población.
¿Y la inflación va a bajar en el corto plazo como consecuencia de la implementación de esta ley? Es poco probable. En el mejor escenario la ley tendrá un impacto en el mediano plazo en algunos mercados, ya que la legislación contiene, por ejemplo, provisiones que permiten al Gobierno norteamericano negociar de manera más ventajosa con las grandes farmacéuticas. También es posible que la reducción de la demanda que implican las medidas fiscales contempladas en la ley tenga un impacto marginal sobre la inflación.
No hay dudas de que la inflación en Estados Unidos bajará más temprano que tarde. Pero esto se logrará cuando se reduzcan los precios del petróleo e insumos agropecuarios en el mercado mundial; y por las medidas que ha tomado y seguirá tomando la Reserva Federal de aumentos en las tasas de interés. No será por esta Ley de Reducción de la Inflación, que en realidad es una Reforma Fiscal.
Fuente: Diario Libre
