El BID calculó en 2017 el costo laboral como porcentaje del salario para los países de América Latina y el Caribe. De acuerdo con esta publicación, actualizada con cálculos propios, el costo laboral en República Dominicana (55.4% del salario) está entre los más altos de América Latina.
Magín J. Díaz
El debate sobre la magnitud del costo laboral en República Dominicana y la necesidad o no de reducirlo, eliminando algunos de sus componentes, se ha instalado en el país. Por costo laboral se alude al costo no salarial (o extrasalarial) a cargo del empleador. Lo más frecuente es expresarlo como porcentaje del salario del trabajador.
Se estima que el costo laboral en República Dominicana está entre un 54% y un 65% del salario bruto del trabajador, dependiendo de la metodología que se utilice para el cálculo. En términos sencillos: por cada 100 pesos que se le paga a un trabajador, la empresa tiene que poner entre 54 y 65 pesos adicionales. Esto es muy relevante a la hora de hablar de aumentos salariales porque no es solo el dinero adicional que se le paga directamente al trabajador, sino lo que tiene que poner la empresa por encima de ese monto.
Las bonificaciones -participación en las utilidades empresariales- son el rubro de mayor peso en el costo laboral, representando más de un 30% del mismo. Las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social (por pensiones, salud, INFOTEP y riesgo laboral) totalizan otro 30%. El Salario de Navidad y las vacaciones remuneradas suman una cuarta parte y, finalmente, las provisiones por preaviso y cesantía constituyen el 15% restante.
En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo calculó el costo laboral como porcentaje del salario neto para los países de América Latina. De acuerdo con esta publicación, actualizada con cálculos propios, el costo laboral en República Dominicana (55.4% del salario) está entre los más altos de América Latina, siendo inferior solamente a los de Brasil (62.2%) y Perú (60.4%) y ubicándose 12 puntos por encima del promedio de la región (43.5%). Con relación a los países de Centroamérica, el costo laboral en República Dominicana es, como mínimo, 13.5 puntos porcentuales superior.
Ahora bien, si se dejan a un lado las bonificaciones, en el resto de los componentes del costo laboral, República Dominicana no se aleja demasiado del promedio de la región. En efecto, las contribuciones por pensiones y por salud de los empleadores dominicanos (iguales ambas a 7.5% del salario neto) son superiores al promedio de América Latina (7.2% y 5.4%, respectivamente), pero otras contribuciones obligatorias (2.3%) están claramente por debajo del promedio de la región (5.9%).
No obstante, cabe anotar dos diferencias. En primer lugar, la brecha de las contribuciones por pensiones de los empleadores con el promedio de Centroamérica (5.1%) es significativa. En todos los países de Centroamérica, estas contribuciones son inferiores a las exigidas en el país. Y el costo de las contribuciones por salud de los empleadores también es mayor al promedio de Centroamérica (6.0%).
En segundo lugar, en el financiamiento de las pensiones hay un sesgo anti-empresa o pro-trabajador, según cómo se mire, que en cualquier caso afecta la estructura de dicho financiamiento. En efecto, los empleadores realizan el 70% de las contribuciones por pensiones en República Dominicana, 2.5 veces las de los trabajadores. Este porcentaje está por encima del promedio de la región (50%).
En adición, para un análisis más completo se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:
- En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, dependiendo del mercado, el empleador podrá trasladar parte del costo laboral en forma de menores salarios.
- En segundo lugar, la participación en las utilidades es, al menos en teoría, el componente más relevante del costo laboral y es diferencial respecto a la región.
- En tercer término, en los demás componentes del costo laboral, el país está en línea con el promedio de la región. Pero ¿la referencia debe ser toda la región o solo Centroamérica, respecto a la cual el país es “más caro”?
- En cuarto lugar, antes de abrir discusiones sobre el preaviso y la cesantía, derechos consagrados en todas las legislaciones de la región, ¿no será oportuno estimar correctamente su costo, en la línea de los organismos internacionales, como el porcentaje de los salarios que el empleador debería haber provisionado para enfrentar el despido de un trabajador?
- Finalmente, el sesgo anti-empresa o pro-trabajador, según cómo se enfoque, del financiamiento de las pensiones, ¿debería corregirse bajando la contribución de los empleadores? ¿O lo correcto sería aumentar la de los trabajadores, para conseguir un mayor y más equilibrado financiamiento del sistema?
Todas estas son preguntas para reflexionar en el marco de una discusión compleja y que impacta a todos los sectores de la economía.
