La República Dominicana es parte del grupo minoritario de países que mantiene un esquema tarifario de medición neta. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Estados Unidos-California- y Uruguay tienen esquemas de facturación neta. Ya es hora de alinear el modelo dominicano de generación distribuida a lo que hace, acertadamente, la mayoría de los países: cobrar el cargo por potencia; implementar un esquema de facturación neta que remunere la energía inyectada a un precio inferior a la energía retirada; y desmontar los incentivos tributarios vigentes.
Magín J. Díaz
En el país se promueve la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de usuarios pequeños (fundamentalmente solar fotovoltaica), de modo que autoabastezcan su demanda total o parcialmente y, eventualmente, inyecten a la red de distribución sus excedentes de energía. Este modelo es conocido como generación distribuida (de aquí en adelante, GD). En concreto, se conceden incentivos -tarifarios y tributarios- a los clientes residenciales, comerciales e industriales (con ciertos límites), que instalan esta tecnología.
La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía es, sin dudas, un objetivo no solo deseable sino, además, necesario. Pero es oportuno plantearse algunas preguntas sobre cómo se está promoviendo esta microgeneración.
El autoconsumo, es decir, la energía que los clientes de GD dejan de retirar de la red de distribución porque ahora la generan con sus paneles solares, implica que las Empresas Distribuidoras (EDEs) dejarán de facturar, sólo este año, unos US$72 millones.
Esta pérdida por autoconsumo es inevitable, inherente al modelo. Por tanto, obliga a pensar que el desarrollo de la GD, promovido por incentivos, tendrá un impacto cada vez mayor en las EDEs, profundizando el problema eléctrico y por tanto el problema del déficit fiscal. Hasta ahora nadie ha dicho cuál es la estrategia para enfrentar este desafío.
Un problema adicional son las pérdidas evitables, propias de un modelo mal diseñado, de las que me ocuparé a continuación.
La Superintendencia de Electricidad (SIE) ha dispuesto, en sentido contrario a la normativa vigente, que las EDEs -no los Sistemas Aislados- no cobren el cargo por potencia a los clientes BTS -tarifa simple- de GD cuya potencia máxima sea inferior a 10 kW. En otras palabras, a los clientes que eventualmente más usan la red -porque retiran y/o inyectan- no se les factura cargo por potencia, que es la vía que tienen las distribuidoras para cobrar el costo por el uso de su red. Ésta es una pérdida adicional que se estima en unos US$ 6.0 millones. Es importante señalar que la mayoría de los países de la región sí cobra el cargo por potencia a estos clientes.
Actualmente, el país aplica el esquema tarifario de medición neta. En este esquema, debido a que se netea la energía, las EDEs terminan pagando la misma tarifa por energía inyectada que la que le cobran a los consumidores por energía retirada. Esta tarifa incluye la remuneración de parte de los costos de red. Por tanto, cuando se paga esa misma tarifa a la energía inyectada se están devolviendo esos costos de red y, en consecuencia, otorgando un subsidio a estos clientes.
Este subsidio supone otra pérdida, propia del mal diseño del sistema. Supóngase que, en vez de la medición neta, se adoptara el esquema de facturación neta, en el cual se cobran tarifas distintas, y la energía inyectada se remunerase a 2/3 partes de la tarifa cobrada por la energía retirada. En este caso, las EDEs no hubiesen perdido unos US$ 11.5 millones en este año.
Es importante remarcar que la República Dominicana es parte del grupo minoritario de países que mantiene un esquema tarifario de medición neta. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Estados Unidos-California- y Uruguay tienen esquemas de facturación neta, que adoptaron desde un principio o que introdujeron una vez que la GD se desarrolló y ya no era necesario subsidiarla.
Adicionalmente, se han otorgado beneficios tributarios a la GD. Los dos más importantes son: i) la exoneración de todo impuesto a la importación de equipos, maquinarias y accesorios para la generación de energía; y ii) un crédito en el Impuesto sobre la Renta de un 40% de la inversión en los equipos. La pérdida de recaudación por la concesión de estos incentivos en los últimos diez años ha sido de unos US$ 250 millones.
Es importante remarcar que las pérdidas que el régimen de GD ocasiona a las EDEs no se trasladan a la tarifa del resto de los usuarios, que está congelada. Pero, en caso de que ocurriera, esto podría provocar que nuevos clientes instalarán generación, lo que incrementaría el desbalance de costos y originaría, por tanto, un nuevo incremento de tarifas, y así sucesivamente. La literatura del tema suele llamar a esto el “círculo de la muerte.”
¿Y qué tan pertinente es que se mantengan estos incentivos considerando la importante reducción de costos de esta tecnología? El costo de instalación de los paneles solares ha caído un 81% y el costo de generación con paneles, un 85% desde el año 2010. Con esta fuerte caída de costos, señal clara de que la tecnología ha madurado, la defensa de los incentivos es insostenible.
Ya es hora de alinear el modelo dominicano de generación distribuida a lo que hace, acertadamente, la mayoría de los países: cobrar el cargo por potencia; implementar un esquema de facturación neta que remunere la energía inyectada a un precio inferior a la energía retirada; y desmontar los incentivos tributarios vigentes. De lo contrario, el problema del sector eléctrico se agravará o caminaremos hacia el “círculo de la muerte”.
Fuente: Diario Libre
