Los altos salarios se critican mucho, pero menos del 2% de los empleados públicos gana más de 100,000 pesos. El demonio está en los detalles y estos frecuentemente no se analizan.
Analizando las cuentas fiscales hay elementos muy fáciles de destacar:
- El Gobierno dominicano opera con déficits desde hace al menos dos décadas, de cualquier forma que se lo mida (y bajo cualquier partido y cualquier presidente que nos gobierne);
- El país recauda relativamente poco, bajo cualquier medida que se utilice. ¡Otro tema es que la carga tributaria está mal repartida: unos pagan mucho y otros pagan muy poco!;
- Por otro lado, el Gobierno gasta relativamente poco.
Distintas métricas reflejan que el gasto público es bajo en rubros tan sensibles como la salud, la seguridad, la justicia y la infraestructura por citar algunos. Otra cosa distinta es su baja calidad o ineficiencia, como se le quiera llamar.
El caso del gasto de capital es patético: es de los más bajos de América Latina, alrededor de 3% del PIB en promedio en los últimos años. Numerosos estudios indican que la inversión pública debe ser al menos un 5% del PIB, de manera sostenida por períodos largos de 20 a 30 años, para cubrir las necesidades de un país en desarrollo. En adición, el gasto corriente es cada vez una mayor proporción del gasto total, lo que lo hace bastante rígido. Esto implica que bajarlo se hace muy difícil.
Una muestra de la precariedad con que se maneja el presupuesto es que muchas instituciones tienen igual o menor presupuesto que hace años, ya sea en pesos, en dólares o en términos reales, es decir ajustado por inflación. Esto no significa que el Gobierno no deba seguir haciendo esfuerzos por eliminar gastos innecesarios y hacer gastos de más calidad. Pero este esfuerzo solo va a servir para aumentar el gasto de capital o bien aumentar el gasto corriente en instituciones que lo necesitan. Es decir, hay margen para reasignar gasto, pero no para bajarlo sin causar un problema social. Es lo que el Gobierno ha decidido llamar ahorro, pero que en realidad no es ahorro.
Mientras tanto, los próximos meses van a dar una falsa sensación de alivio. Por un lado, el Gobierno aseguró ya el financiamiento de este año a través de emisiones de bonos y acuerdos de préstamos con la banca multilateral. Los mercados financieros internacionales siguen abiertos y con liquidez, lo que augura una muy buena probabilidad de que el Gobierno pueda hacer una gran emisión de bonos soberanos en el primer trimestre del próximo año. En adición, el Ministerio de Hacienda ha realizado recientemente una exitosa operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales, la cual ha dado alivio de caja al Gobierno con los vencimientos de deuda en los próximos años, especialmente en 2021.
Por el lado de los ingresos, la amnistía tributaria, la ley de sincerización patrimonial y los adelantos de impuestos negociados con el sector privado harán aumentar los ingresos temporalmente. Pero estas medidas que han mejorado el flujo de caja del Gobierno, las cuales han sido necesarias y pertinentes en la presente coyuntura, para nada resolverán el problema estructural de las cuentas públicas.
En cuanto al gasto, en esta coyuntura hay que evitar leyes o decretos de austeridad para tratar de hacer el ajuste fiscal. La experiencia indica que no se cumplen y esto afectaría la credibilidad del Gobierno. Es mejor ganar credibilidad haciendo primero el ajuste.
También se puede considerar bajar temporalmente los salarios del Gobierno, al menos por encima de cierto umbral. Ya algunos países lo han hecho. El argumento es que el empleado público está recibiendo su salario todos los meses a pesar de la crisis, y en un momento en que muchas personas del sector privado han perdido sus empleos. Pero, contrario a la percepción que se tiene, los salarios del Gobierno son bajos.
Para que esta medida se traduzca en ahorro habría que hacerla lo más generalizada posible y esto no es aconsejable. El salario promedio del Gobierno Central es inferior a los 30,000 pesos mensuales, y dos terceras partes de los empleados públicos ganan menos de esa cifra. Los altos salarios se critican mucho, pero menos del 2% de los empleados públicos gana más de 100,000 pesos. El demonio está en los detalles y estos frecuentemente no se analizan.
Un gran acuerdo nacional, a través de los pactos eléctrico y fiscal, es lo que amerita la situación. Es a lo que apuesta el Gobierno y a lo que deben apostar todos los sectores de la sociedad. Y al final son las fuerzas políticas las que tienen que hacer viable ese gran acuerdo bajo el liderazgo del presidente Abinader.
