Para los próximos meses, precios más altos, falta de generación, con una población ya acostumbrada a recibir el 100% de la energía (aunque no la pague); y unas EDEs con grandes rezagos de inversión para enfrentar su operativa habitual, conforman una receta para el desastre.
Magín J. Díaz
Decir que se avecina una crisis en el sector eléctrico puede parecer sarcástico, pues por una razón u otra el sector está en un marasmo desde hace cincuenta años. Pero lo que se está viendo ahora puede formar una tormenta perfecta en los próximos meses.
En el caso de las Empresas Distribuidoras (EDEs), las pérdidas de energía han aumentado y las cobranzas se han reducido respecto al periodo previo a la pandemia. En su defensa las EDEs alegan que los datos no son comparables porque ahora se suple casi el 100% de la energía. Pero queda claro que la energía adicional que se está suministrando no se está cobrando y que las pérdidas físicas de energía han aumentado.
En materia de tarifa, el Gobierno aplicó lo acordado en el Pacto Eléctrico. Se iniciaron aumentos trimestrales a partir de noviembre del 2021, pero se pararon luego de alcanzar un 30% luego de numerosas protestas por la combinación de alza de tarifas y apagones. No hay dudas de que el Gobierno tuvo mala suerte al coincidir el periodo de sincerización de la tarifa con un alza de los precios de combustibles en los mercados internacionales. Pero ese no fue el único problema.
El Gobierno decía que actuaba bajo los lineamientos aprobados en el Pacto Eléctrico. Pero es el mismo pacto que se había negado a firmar cuando estaba en oposición, con el agravante de que el Pacto fijó metas a las EDEs que se incumplieron en términos de gastos corrientes, nómina, cantidad de personal, reducción de las pérdidas, aumentos de las cobranzas, entre otros indicadores. Si las EDEs incumplían lo acordado, ¿Cómo entonces se amparaban en el Pacto para aumentar la tarifa? Difícil de explicar.
Es posible que las metas acordadas en el Pacto no fueran realistas. Aquí entonces faltó una buena estrategia de comunicación con una narrativa coherente que explicara las razones por la que las EDEs no han podido cumplir con lo acordado.
Otro gran problema es que en estos dos años la inversión de las empresas del sector es la menor en la última década. Esto está trayendo problemas a su operatividad y dificulta la lucha contra la reducción de pérdidas. Hay un rezago generalizado de inversiones que es simplemente endémico y agravado en esta administración. La contracara de esta situación es que, si se aumenta la inversión, entonces aumenta el déficit del sector. Y esto refleja la complejidad de la situación.
En la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) tampoco se han hecho las expansiones que se requieren, con proyectos de Energía Renovables detenidos porque no pueden inyectar su energía; y en materia de generación han faltado señales claras y licitación oportuna de contratos para su desarrollo.
Todo se ha agravado por factores que no se controlan. En efecto, el precio medio de compra de energía a los generadores ha aumentado más del 60% al pasar de unos 11 centavos/dólar en 2020 a casi 18 centavos en la actualidad. Y aquí no hay mucho que pueda hacer el Gobierno. Es un tema del mercado internacional.
Pero el problema del precio de los combustibles no para ahí. En los próximos meses existe una posibilidad real de que el precio del gas natural, al cual podemos comprar en el mercado internacional, sea el doble o el triple de lo que es ahora. Esto está llevando a que algunos generadores estén seriamente considerando la posibilidad de producir con derivados del petróleo. Un escenario impensable hace algunos meses.
A esta ecuación hay que sumarle un problema real de falta de generación que se puede dar en el 2023. La razón es sencilla: la demanda de energía en horas pico está en línea con la generación disponible en algunos momentos. Es decir, que, si sale una planta de base por cualquier razón, digamos por mantenimiento o avería, entonces hay apagones. Es lo que pasó hace unos meses.
Para paliar esta situación el Gobierno hizo licitaciones de corto plazo con el propósito de instalar rápidamente 400 MW de energía en base a derivados del petróleo. Pero una de esas plantas, la barcaza de Azua, está teniendo oposición de la población y ni siquiera tiene los permisos ambientales.
En resumen, en los próximos meses puede darse un escenario de precios más altos, falta de generación, con una población ya acostumbrada a recibir el 100% de la energía (aunque no la pague); y con unas EDEs que acusan falta de inversión para enfrentar su operativa habitual. Todo este contexto previo a las elecciones parece una receta para el desastre.
