El año terminará con una inflación en torno al 3% y un crecimiento que, pesos más, pesos menos, duplicará el de 2023. Si nos comparamos con la región, pocos países pueden exhibir una combinación de alto crecimiento y baja inflación. Por enésima vez doblaremos el crecimiento promedio de América Latina y el crecimiento de nuestro índice de precios se coloca a octubre por debajo del de países como Colombia, Uruguay, Bolivia, Honduras, México, Chile, Nicaragua, Paraguay, Brasil y ni hablar de Venezuela y Argentina. Nada mal para un pequeño país caribeño.

El proceso de control de la inflación fue tortuoso sin dudas: bajarla tiene costos y eso lo vimos en una desaceleración de la economía en 2023 con una tasa de crecimiento de 2.4%, algo bajo para nuestros estándares (aunque similar al promedio regional). Ese era un precio que había que pagar.

No hacer nada, como pregonaban algunos, y dejar que la inflación bajara sola no era opción. El Banco Central tuvo que desplegar sus herramientas de restricción monetaria y aumentos de tasas de interés para mantener ancladas las expectativas de inflación y desacelerar la demanda agregada en lo que iban cediendo los choques de precios externos, que en primera instancia fueron los responsables del brote inflacionario.

Los legendarios profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer, dos de los pilares del análisis de la macroeconomía moderna, definieron en un trabajo de 1993 lo que ellos llamaron inflación moderada, es decir, niveles en un rango de 15-30%; una inflación que claramente no es baja (concepto asociado con inflaciones de un dígito); ni una inflación desbordada, las cuales solo se pueden dar cuando los bancos centrales financian a los Gobiernos o permiten de alguna forma desbordamientos de los agregados monetarios (como en los rescates bancarios).

Si utilizamos el rango inferior de 15% del esquema que proponen Dornbusch y Fischer ¿cuál ha sido la experiencia de RD? En los últimos 20 años solo hay un episodio de inflación interanual superior a este umbral: 18.8% en enero del 2005. Esa fue la última vez. Y aun así nos quejamos.

En enero cumpliremos 240 meses consecutivos con inflación controlada. Esa es la realidad: los brotes inflacionarios en este periodo están exclusivamente asociados a choques externos fuera de control de las autoridades y que no se deben a políticas fiscales ni monetarias irresponsables.
Y ahora la pregunta del millón: si la inflación ha estado controlada desde hace meses ¿Por qué el Banco Central ha mantenido este año una política restrictiva que se ha evidenciado en tasas de interés de mercado relativamente altas? Ahhhhh, ahí entramos a otro tema.

Lo que ha pasado este año con las tasas de interés y el tipo de cambio está en todos los textos de macroeconomía intermedia y fue expuesto en trabajos pioneros en la década de 1960 por los economistas Robert Mundell, ganador del premio nóbel en 1999 y Marcus Fleming del Fondo Monetario Internacional: un país no puede tener al mismo tiempo un tipo de cambio estable, libre movilidad de capitales y política monetaria independiente. Es lo que se conoce como la trinidad imposible en política económica.

Como país nos ha funcionado un tipo de cambio relativamente manejado, con movimientos previsibles, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El Banco Central no está comprometido con un valor fijo. De hecho, durante el 2020 el tipo de cambio se depreció más de 10%. Luego vivimos un periodo de apreciación sin precedentes no tanto por la magnitud, sino por la duración que fue de 24 meses consecutivos a partir de junio del 2021.

Lo que ha pasado entonces es que el mundo cambió: Estados Unidos decidió aumentar las tasas de interés para hacer su propio combate a la inflación. Y eso puso una presión importante a nuestra moneda: los inversionistas están tentados a buscar mayores rentabilidades fuera y aumenta la demanda de dólares.

Entonces, aunque la inflación bajó, el Banco Central no podía permitir que las tasas de interés domésticas se desplomaran. Si lo hacía, el tipo de cambio “se le iba a la porra”. Lo que hizo también para amortiguar las presiones cambiarias fue utilizar sus reservas internacionales, las cuales se acumulan para utilizarlas cuando se necesiten. Algo así como una póliza de seguros.

La otra opción, que es la que utiliza la mayoría de los países que tienen esquemas de meta de inflación, es que el tipo de cambio sea perfectamente flexible. Y si las críticas han llovido este año contra el Banco Central por mantener tasas de interés relativamente altas, imagínense cómo serían si el tipo de cambio estuviera cerrando este año a 75.

Personalmente prefiero que el tipo de cambio cierre el año en el entorno de 61, con una pérdida de reservas internacionales moderada, pero con un sistema financiero estable, con inflación controlada y con una economía que (hasta ahora) sigue creciendo. No hay dudas de que ha sido un año difícil para el sector financiero; y para los sectores que dependen de las tasas de interés activas del sistema, como el sector construcción y el de adquisición de viviendas, por citar algunos.

La política económica no es perfecta. Es una combinación de ciencia y arte. Pero, sobre todo, de dilemas y disyuntivas. Para controlar la inflación tuvimos que aceptar una desaceleración de la economía en 2023.

Para evitar en 2024 que el tipo de cambio se fuera a las nubes, hemos tenido que aceptar tasas de interés relativamente altas. No hay de otra.

¿Que esto podría traer una desaceleración de la economía en los próximos meses? Claro que sí. Es de hecho probable. Pero eso lo sabe el Banco Central y por eso acaba de hacer una importante liberación de encaje de RD$ 35,000 millones y tendrá que tomar otras medidas en los próximos meses, tal vez incluso aceptar una mayor depreciación del peso de ahora en adelante.

¿Queremos darle mayor holgura al Banco Central para el manejo de la política económica? Fácil: solo hay que aumentar la presión tributaria a un 20% del PIB. ¡A ver quién se anima!

Fuente: El Caribe

Una inversión pública tan baja ya está afectando la calidad de la vida de todos. La falta de infraestructura es cada vez más notoria. El país necesita más y mejores carreteras, acueductos, drenajes, puentes, elevados, túneles, metros y un sinnúmero de obras que no van a ser suplidas por las Alianzas Público-Privadas.

El periodo de ocho años del presidente Luis Abinader, podría ser el de menor inversión pública presupuestada/ejecutada en los últimos 60 años, si no hay un cambio en las proyecciones del Gobierno.

Al Gobierno no le fue bien en las vistas públicas que realizó el Congreso para discutir la reforma fiscal. Si alguien pensó que podía ser buena estrategia, se equivocó. No puedo decir que escuché todas esas horas de quejas y lamentos, algunas con mucha justificación, aunque otras no con tanta, pero con la muestra que obtuve fue suficiente para tener claro el grado de hostilidad sufrido por las autoridades. De todos modos, esa es la democracia.

Lo que tengo claro, aunque resulte muy impopular, es que en algún momento las cuentas fiscales hay que ajustarlas y es mejor que sea más temprano que tarde. En este sentido mi posición es invariable.

Sin embargo, el proceso debe ser acompañado de una estrategia creíble y despolitizada contra la evasión; y de un esfuerzo continuo de mejora en la eficiencia y calidad del gasto público. Nada de esto se cuestiona y, de hecho, es algo que la sociedad exigió muy clarito en las vistas públicas.

El tema es que estas medidas, que son muy necesarias y deben ser parte de una política continua del Estado, no van a evitar un aumento de la carga tributaria de la mayoría de las personas y empresas del país. La magnitud del problema fiscal es muy grande como para que sea resuelto con medidas administrativas.

Pero dentro de toda la andanada que recibió el Gobierno, hay algo muy rescatable y que puede ser el punto de partida para retomar la discusión sobre una reforma fiscal: nadie (hasta donde pude ver) cuestionó la inversión pública.

La clase media dominicana sí manifestó claramente su falta de confianza en la clase política. El proyecto de reforma condensó las protestas que se venían insinuando desde hace tiempo ante ciertas conductas y gastos que la población (la que paga impuestos) considera inaceptables; léase, financiamiento de los partidos políticos, barrilito, cofrecito, subsidios a los legisladores para compra de vehículos, otorgamiento discrecional de pensiones, aumento de la nómina pública, gastos en publicidad, contrataciones irregulares, nepotismo, evidente falta de idoneidad para el ejercicio de sus cargos de algunos funcionarios públicos, y más.

Es decir, los cuestionamientos fueron básicamente al gasto corriente. Esto me llamó la atención porque hay inquietudes o cuestionamientos válidos para la inversión pública en este cuatrienio, los cuales no han sido respondidos de manera convincente.

¿Por qué los contratistas de obras se quejan de atrasos en los pagos cuando el Gobierno ha estado sentado en una montaña de liquidez desde hace varios años? Y ojo: por haber acumulado esa liquidez (digamos que ante la incertidumbre del COVID), se han pagado decenas de miles de millones de pesos en exceso por concepto de intereses.

Por otro lado, no quedan claras las razones de la baja ejecución del gasto de inversión que se extendió por varios años. Todavía no se sabe si se debió a la propia ley, a nuevas regulaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones; o simplemente a que a los funcionarios les tomó más tiempo del esperado dominar los procedimientos.

Esta situación condujo a que, en lugar de un monto efectivamente ejecutado, se registrara un monto de inversión pública, una estrategia implementada por el Gobierno para no perder la apropiación presupuestaria. Para ello, se realizaron transferencias de recursos hacia instituciones descentralizadas al final de cada año, debido a la baja ejecución observada en los ministerios correspondientes.

Pero otro tema muy diferente y que no puede cuestionarse es el monto tan bajo de la inversión que ha habido en este cuatrienio, porque este es el resultado de la brutal restricción presupuestaria que enfrenta el Gobierno: el aumento de la deuda ha provocado un incremento de un 20% anual de los pagos de intereses en los últimos tres años; y si sumamos a esto la subida del resto del gasto corriente, al Gobierno no le ha quedado más remedio que ajustar a la baja el gasto en inversión pública.

Primera temporada: la realidad del mercado mundial de cine/TV

Este mercado tiene un efecto multiplicador en la economía del lugar donde se lleva a cabo la inversión, al ser un generador de empleo y consumidor de bienes y servicios locales.

Pero, es muy caro. Producir una película por uno de los grandes estudios de Hollywood, cuesta en promedio US$100 millones; mientras que las series de televisión tienen un costo por temporada de entre de US$10 y US$135 millones.

Los países, ciudades o jurisdicciones compiten para atraer esa inversión, otorgando incentivos, convirtiéndose en un mercado binario de “fuera o dentro”.

Es decir, quienes decidan participar en esta industria deberán ofrecer algún tipo de incentivo, ya que por sus altos costos los productores solo van adonde les ofrecen algún ahorro. En la actualidad, más de 110 jurisdicciones “compiten” con incentivos tributarios por este mercado.

Segunda temporada: la industria del cine a partir de la Ley 108 del 2010

Esta legislación creó el marco jurídico de esta actividad, estableciendo las entidades que lo regulan (Dirección General de Cine y un Consejo para su promoción – el CIPAC –); las subvenciones e incentivos tributarios en la adquisición de bienes y servicios y, principalmente a la inversión mediante el crédito fiscal (artículo 34) y el crédito fiscal transferible (artículo 39).

El informe de gasto tributario que se publica anualmente como anexo del Presupuesto General del Estado estima para el 2025 que los distintos incentivos tributarios a la Ley de Cine le costarán al país RD$ 8,411 millones en impuestos dejados de pagar, un aumento de 80.7% respecto a hace apenas un par de años.

Por el lado de los beneficios, según el CIPAC, durante el periodo 2021-2024 el sector ha generado 17,156 empleos directos, que son bien remunerados, pagando un salario promedio mensual que supera los RD$73,990, monto superior a los RD$52,857 que se pagan en promedio al diez por ciento de los empleados del sector de servicios de mayores salarios, según publica el Banco Central.

La industria del cine es un complemento al turismo, aportando unas 700,000 noches de hotel en ese periodo. De manera indirecta, que el país sea seleccionado como locación para grabar proyectos cinematográficos complementa la labor de fomento y promoción turística del Gobierno.

En adición, la industria del cine incide en sectores como el transporte, alimentos y bebidas, servicios complementarios (rentas de equipos, contratación de contabilidad, legales, de seguridad, vehículos, seguros, entre otros); y por supuesto contribuye al pago de impuestos.

También se estima que del total de la inversión extranjera que ha llegado al país a través del crédito fiscal transferible, casi el 50% se queda circulando en la economía, unos US$ 300 millones a la fecha.

Tercera temporada: rediseñar la Ley de Cine en lugar de eliminarla

Los incentivos a la inversión contenidos en la ley de cine fueron diseñados con propósitos distintos. El artículo 34 de crédito fiscal tiene por objetivo el desarrollo de las capacidades técnicas locales y la construcción de la infraestructura. De su lado, el artículo 39 de crédito fiscal transferible es nuestro instrumento para competir con las demás jurisdicciones en la atracción de la inversión extranjera en el mercado mundial del cine.

A pesar de que el país ha logrado formar profesionales y técnicos en esta materia, y construir o adquirir las infraestructuras y equipos necesarios, está claro que el artículo 34 ha sido mal utilizado en muchas ocasiones.

Su problema es el diseño: el “inversionista” no asume el riesgo del proyecto cinematográfico. Este puede ser rentable o no y le es indiferente. El crédito de impuestos sobre la renta lo aprovecha de todas formas, por lo que el Estado es el inversionista efectivo, al dejar de percibir este impuesto. ¡Lo mucho hasta Dios lo ve!

En el proyecto de reforma se propuso la eliminación de ambos incentivos. Como contrapartida, el gobierno prometió aumentar el presupuesto otorgado al Fondo de Promoción Cinematográfica. No obstante, este fondo es un subsidio diseñado para apoyar a la industria local en formación de técnicos, investigaciones, promociones y financiar producciones locales.

Además, que el fondo de promoción sea el único mecanismo de incentivo a la inversión parte del supuesto de que funcionará de manera eficiente. Es decir, no solo es presupuestar mayores recursos; es que sean ejecutados en los tiempos en que los requiere la producción y que todas tengan igualdad de oportunidades para acceder a estos.

Otra opción sería que el gobierno rediseñe los incentivos a la inversión de la ley de cine, para evitar su abuso, en lugar de eliminarlos o “meter en el mismo saco” el crédito fiscal y el crédito fiscal transferible.

Por ejemplo, el artículo 34 podría ser modificado para fijar topes a los presupuestos de las películas dominicanas, reducir el 25% del impuesto liquidado que se puede invertir; o bien cambiar el crédito fiscal por una deducción hasta un tope de la renta neta imponible, dando carácter de gasto admitido como ocurre con las donaciones.

Queda claro que para mantener la competitividad del sector en la atracción de inversión extranjera es preciso preservar la esencia del artículo 39 de crédito fiscal transferible, pudiendo aprovecharse la reforma para introducir mejoras en su diseño, como poner un tope a los pagos de nómina al personal no residente; o permitir que el crédito fiscal pueda ser transferido más de una vez, aumentando la liquidez del instrumento, que incluso podría transarse en el mercado de valores.

Esto bajo el supuesto de que como país quisiéramos seguir desarrollando esta industria. Y es razonable seguir haciéndolo, pero sin permitir ni tolerar abusos. Esto sabiendo que esta es una política industrial de libro de texto: el Gobierno escogiendo sectores “ganadores” para beneficiarlos por encima de otros. Entrar en esa discusión es otro tema y bastante complicado.

Fuente: El Caribe

Aumentaba los impuestos de todas las manifestaciones de capacidad de pago de las personas

Desde el punto de vista económico, los impuestos, sin importar su tipo, recaen sobre las manifestaciones de capacidad de pago: ingreso, consumo o patrimonio. Una correcta política tributaria busca gravar de manera equilibrada todas las manifestaciones de pago.

El proyecto no tomaba en consideración el efecto que tendría sobre el ingreso disponible de las personas el aumentar al mismo tiempo: I) los impuestos al consumo (ITBIS, impuestos selectivos, marbete vehículos); II) a la renta (tasa y no deducción gastos educativos); III) al ahorro (los intereses); y, IV) al patrimonio (con el IPI).

El intento de progresividad fue limitado, de hecho, fue percibida como regresiva

Si bien era probable que la reforma no la iban a pagar los más pobres, máxime si se establecían mecanismos de compensación, la percepción era que los más ricos tampoco la pagaban. Lo que sí era probable es que la clase media iba a ser la más afectada, la brecha entre ésta y los más ricos iba a aumentar.

No simplificaba el régimen tributario. Todo lo contrario, lo hacía más complejo

El cumplimiento tributario debe ser fácil y las normativas objetivas y claras. El proyecto de reforma apuntaba en la dirección contraria. Por un lado, obligaba a los asalariados a presentar declaración jurada del impuesto sobre la renta, eliminando el mecanismo de liquidación del impuesto a través del empleador, conocido como PAYE (Pay As You Earn), ampliamente utilizado en el mundo y de probada efectividad.

Por otro, varios criterios y condiciones se definirían posteriormente de manera administrativa para aplicar rentas presuntas, retenciones, percepciones, deducciones, anticipos o aplicación del régimen simplificado.

Hacía un análisis simplista de los gastos tributarios

El proyecto de ley apuntaba a reducir los gastos tributarios identificados en el informe que se anexa cada año al Presupuesto General del Estado. No obstante, no distinguía entre incentivos bien y mal diseñados. Consideraba que todos los incentivos eran redundantes y, por tanto, su eliminación no afectaría las decisiones de los agentes económicos.

Entendió que el cambio de ITBIS a IVA era solo cosmético

El ITBIS es un impuesto tipo IVA por lo que financieramente funcionan igual, se aplican sobre el valor agregado. Pero el cambio de nombre implicaba un cambio en el alcance del impuesto que no fue advertido por el Ministerio de Hacienda, ocasionando que bienes que actualmente no están sujetos del impuesto pasaran a estarlo.

Desconocía los principios de fiscalidad internacional e inobservaba los compromisos del país en esa materia.

La potestad tributaria de un país no es absoluta dado que coexiste con la soberanía de otras naciones. Este es el fundamento de la fiscalidad internacional. El proyecto de ley no tomaba en cuenta los acuerdos internacionales en el marco de los planes de acción BEPS del que República Dominicana es miembro.

Para el impuesto sobre la renta, se ha definido la forma legal de implementar el impuesto mínimo global como un impuesto complementario al de renta y no como parte de este. Ya países de Europa y Asia lo establecieron. La recién aprobada ley en España hubiese sido un buen punto de partida. En cuanto al IVA sobre servicios digitales, también ya hay bastantes normativas y experiencia internacional para su aplicación. Ninguna de éstas parece que fueron estudiadas.

Insistió en aplicar impuestos selectivos al consumo.

República Dominicana es el país de la región con mayor peso de los impuestos selectivos en el total de impuestos que recauda. Insistir en gravarlos es aumentar la brecha para el incumplimiento. Además, establecer un impuesto por el contenido de azúcar iba a ser un reto de gestión y control; y gravar los cigarrillos electrónicos con tasa de 75% implicaba aplicar una tasa efectiva superior al 150%, lo que evidentemente era abusivo e inequitativo.

No puede haber una modernización tributaria sin mejorar los procedimientos tributarios

Insistir en una reforma tributaria sin un marco legal claro y objetivo para su aplicación era otro error. Está claro que el Título I del código tributario sobre normas y procedimientos está obsoleto e incompleto. Para la administración del sistema tributario se ha hecho necesario emitir normas generales, resoluciones o criterios administrativos que deberían estar plasmados en la ley.

Presentaba debilidades evidentes de técnica legislativa.

En sentido general, el proyecto de ley adolecía de un criterio de organización, incurría en errores conceptuales, faltaban elementos constitutivos de los nuevos impuestos y no tomaba en consideración las disposiciones existentes en las leyes que modificaba parcialmente; o de otras normativas de menor rango que están relacionadas con las medidas tomadas.

Subestimó la economía política de un proceso de reforma tributaria

En economía pública existe la figura del “dictador benevolente”, aquel que toma las mejores decisiones para la población en representación de ésta, como forma de maximizar el bienestar social. Esto es solo teoría.

En la práctica las reformas deben ser el resultado de un concurso de visiones que representen la voluntad de la mayoría. A este proyecto de modernización fiscal le faltó consenso. Aunque no era una garantía para su aprobación, el resultado final hubiese tenido mayor representación.

Edgar Morales Pérez

Fuente: El Caribe

El Gobierno tuvo que retirar el proyecto de reforma tributaria que había presentado al Congreso bajo el nombre de Modernización Fiscal. Es el momento de reflexionar: Que un aumento de impuestos genere controversia y rechazo no es nada nuevo. Opiniones a favor y en contra siempre habrá, pero -desde mi óptica- cabe hacer un ejercicio de humildad desde la esfera oficial para llevar el tema a buen puerto, y asumir las lecciones aprendidas.

Quiero compartir algunas reflexiones pensando en el futuro porque -tarde o temprano- habrá que hacer la reforma fiscal y lo que hemos tenido es un aplazamiento impulsado por dos vectores: una sociedad que se puso de pie y un Gobierno que, sabiamente, la escuchó. Vamos a las lecciones:

Sobre el monto de la reforma

El monto de la reforma estimado por el Gobierno era de 1.5% del PIB o RD$ 122,500 millones. A pesar de que la propuesta generó mucho rechazo, la realidad es que, al menos en lo que pretendía recaudar, era una propuesta moderada. En 2021 el Gobierno intentó hacer una reforma mucho mayor, cercana al 2.5% del PIB.

Una reforma de este tamaño no resuelve el problema fiscal. Es simplemente una forma de dar una señal positiva a los mercados y a las calificadoras de riesgo. Pero aún esto le podía salir mal al Gobierno, porque como dijo de antemano que iba a gastar todo el rendimiento de la reforma, el déficit en principio se quedaba igual. Y ya esto empezaba a causar ruido en los inversionistas internacionales.

Los pivotes de la reforma

La Reforma se estructuraba en tres grandes ejes. El primero proponía un IVA personalizado, con el aumento de la base imponible a una tasa única del 18%, compensado por medidas para apoyar a los sectores de menores ingresos. El segundo implicaba una modificación radical de los incentivos tributarios, en busca de su derogación total o parcial.

Finalmente, la recaudación del IVA se complementaba con un incremento de los impuestos sobre las personas físicas, incluyendo el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en bebidas alcohólicas y azucaradas, la reducción del mínimo exento del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) y el establecimiento de una nueva franja del Impuesto Sobre la Renta (ISR) personal al 27%.

Aunque las propuestas se basaban en algunas buenas ideas, su implementación apuntaba a ser deficiente y otras resultaban simplemente inadecuadas.

1.- Ideas buenas, pero mal implementadas
El IVA personalizado: Abordaba uno de los problemas estructurales del sistema tributario dominicano, que es la estrechez de la base imponible del ITBIS. Para compensarlo, tradicionalmente se ha recurrido a aumentar los impuestos selectivos al consumo, tanto que el país recauda dos veces más que el promedio de América Latina en este tipo de impuestos.

Sin embargo, la propuesta tuvo fallos significativos. Amplió la base imponible, básicamente con alimentos de la canasta básica, e incluyó bienes sensibles como el agua. Además, pretender gravar los nuevos bienes y servicios a una tasa única del 18% resultaba un incremento abrupto.

Quizás se pudo haber planteado una tasa única menor, como el 16%, o una tasa diferencial reducida del 8% o 10% para ciertos productos. Finalmente, la falta de detalles sobre la compensación para los sectores de menores ingresos dejó dudas sobre su efectividad, e indica que dicha medida sería probablemente insuficiente.

Modificaciones de incentivos tributarios: La propuesta fiscal del Gobierno enfrentaba desde el inicio un gran desafío de economía política: el 82% del rendimiento estimado de la reforma recaía sobre los hogares. Esto significaba un reto importante para que el Gobierno lograra vender la propuesta a la población, ya que aumentar simultáneamente los impuestos al consumo, la renta, el ahorro y el patrimonio implicaba gravar todas las manifestaciones de capacidad de pago de una persona, con el riesgo de sobrecargar al individuo.

Una revisión seria de los incentivos tributarios era necesaria después de tantos años de vigencia. Era fundamental analizar si los incentivos eran redundantes, realizar un análisis costo-beneficio, y evaluar su impacto en comparación con los incentivos de países competidores en determinados sectores. A partir de esa evaluación, caso por caso, se podría decidir la mejor manera de redefinir estos incentivos. Sin embargo, la reforma, en su afán de enviar una señal de cambio económico, cometía errores significativos.

En primer lugar, asumía que todos los incentivos eran redundantes, bajo la premisa de que su eliminación no afectaría las decisiones de los agentes económicos, y que, en definitiva, el régimen de incentivos tributarios ya había cumplido su propósito. Además, agrupaba indiscriminadamente tanto los incentivos mal diseñados como los bien diseñados, lo que generaba un tratamiento erróneo en muchos casos.

La reforma también incurría en errores conceptuales graves, como la ruptura del principio de neutralidad fiscal al modificar el tratamiento tributario de los patrimonios autónomos financieros, como fideicomisos y otros instrumentos. Asimismo, se contradecía al proponer exoneraciones del Impuesto sobre la Renta para nuevas empresas, un incentivo cuestionable que podría fomentar el cierre y reapertura de negocios o la partición de empresas para beneficiarse del régimen.

Finalmente, la reforma discriminaba al quitar la exoneración del impuesto selectivo sobre los combustibles a los Sistemas Aislados, quienes transferirían ese costo a la tarifa de energía eléctrica, mientras mantenía la exoneración para los generadores que venden al SENI, argumentando que eliminarla implicaría un mayor déficit en el sector eléctrico, cuya tarifa estaba congelada.

Solo la propuesta para la Zona de Desarrollo Fronterizo parecía acertar, al exigir el cumplimiento de metas claras de inversión y empleo.

Rediseño de anticipos, un camino correcto: El rediseño de los anticipos del ISR iba en la dirección correcta al reducirse para las Pyme, brindando alivio a un sector que enfrenta retos de liquidez.

Sin embargo, la medida resultaba insuficiente, porque seguía basándose en un porcentaje de la utilidad del ejercicio anterior, cuando lo más adecuado habría sido vincularlo a las ventas del ejercicio corriente, lo que reflejaría mejor la capacidad de pago real de las empresas. Además, la eliminación del anticipo para las microempresas presentaba un riesgo, debido a que éstas tendrían que realizar un pago único al final del periodo, sin la posibilidad de fraccionarlo, lo cual podría generar problemas de flujo de caja para muchas de ellas

ISR a servicios prestados desde el exterior: El cobro del ITBIS a los servicios prestados desde el exterior es una medida acertada que debió implementarse hace tiempo. Sin embargo, el intento del Gobierno de también imponer el ISR en este contexto era un doble error.

Por un lado, administraciones tributarias más avanzadas han tenido serias dificultades para implementar esta medida; y, por otro lado, se desviaba de la solución global que está impulsando la OECD.

Por cierto, el cobro del ITBIS a las plataformas digitales y a los bienes que son comprados fuera del país y que ingresan bajo el umbral de US$ 200 dólares era una decisión correcta que ponía al comercio local a competir en igualdad de condiciones.

2.- Ideas malas de la reforma
Cambio en la tributación sobre los intereses: La reforma proponía gravar los intereses a la escala progresiva del ISR de personas físicas en lugar de la tasa de 10% actual. Esto rompe el esquema dual para los intereses ganados por personas físicas, que pasan a sumarse (integrarse) con salarios y alquileres. En la práctica para la mayoría de las personas esto implicaba que la tasa de impuestos sobre los intereses iba a pasar de 10% a 27%.

Esta propuesta tenía un claro riesgo de fuga del ahorro y también se creaba una gran distorsión en el mercado de capitales si los bonos de Hacienda se mantenían exentos.

Mercado de capitales: Los patrimonios autónomos (fideicomisos, fondos de inversión, titularizadoras, de oferta pública de valores) pasaban a ser gravados con ISR societarios y por dividendos distribuidos. Es decir, se pasaba a considerar a estos vehículos como sociedades comerciales, desconociendo su naturaleza basada en el principio de neutralidad fiscal.

De igual forma se gravaba con IVA la transferencia de bienes o activos para la conformación de los patrimonios autónomos y las comisiones y otros servicios de intermediación para su administración y gestión (prestados por fiduciarias, agentes de garantías y puestos de bolsa).

Cambios en el IPI: Es hora de repensar todo el diseño del IPI. Entre otras razones, porque recauda solo un 0.1% del PIB, la recaudación más baja de América Latina.

Se debía discutir si la base imponible debe ser el valor de cada inmueble por separado o se debían sumar los diferentes inmuebles de un mismo propietario. También considerar la implementación de varias tasas, para dotar de mayor progresividad al impuesto. Pero siempre teniendo claro que el rezago actual no puede corregirse de un día para el otro.

En vez de esto, la propuesta optó equivocadamente por reducir abruptamente el mínimo no imponible a la mitad del actual, y al mismo tiempo, apresurar una revalorización, facultad que se le estaría otorgando a la DGII (en la actualidad es una facultad del Catastro). Todo esto en el contexto de una reforma cuya recaudación se basaba en la imposición al consumo.

Selectivo al alcohol: El aumento del Impuesto Selectivo a las bebidas alcohólicas era un error que reflejó una falta de visión en el diseño de la reforma al insistir en gravar aun más a uno de los sectores que ya soporta una de las mayores cargas tributarias del país.

El enfoque que se planteó profundiza un tratamiento discriminatorio entre distintos tipos de bebidas alcohólicas, creando distorsiones en el mercado y reforzando la inequidad fiscal. Al tratar desigualmente a productos que deberían estar sujetos a criterios uniformes, se perpetúa una injusticia fiscal que afecta tanto a los productores como a los consumidores.

Tratamiento de bebidas azucaradas: Aunque sigue la tendencia mundial, esto complicaría la administración en un contexto en que la evasión de los principales impuestos selectivos se mantiene en el entorno del 40%.

Además, el impuesto es claramente discriminatorio: si se quiere gravar la externalidad negativa que implica el daño para la salud que ocasiona el consumo de azúcar, habría que gravar todo el azúcar y solo las bebidas azucaradas. Esta industria compra como insumo solo el 15% del azúcar que se vende en el mercado interno.

En cuanto a los impuestos a los vehículos y cigarrillos electrónicos, la propuesta tenía claras oportunidades de mejora.

Desafíos para la Administración Tributaria

Las medidas administrativas anunciadas bajo la promesa de dar un “combate frontal a la evasión” resultaban, en su mayoría, básicas o desactualizadas. Estrategias como los cruces de información, aunque necesarias, no representan una innovación; y la propuesta de realizar un censo de contribuyentes parece estar fuera de sintonía con las necesidades actuales del sistema tributario.

La única verdadera novedad práctica sería la implementación de un régimen de percepciones, del cual solo se menciona en el proyecto de ley que no podrá exceder el 5% del importe facturado. Lejos de simplificar el régimen tributario, estas propuestas añadían mayor complejidad, lo que probablemente habría puesto a la Administración Tributaria bajo una presión considerable para gestionar eficazmente la reforma.

En conclusión

Todo esto nos lleva a una reflexión inevitable: las posiciones pueden cambiar, pero los desafíos de una reforma fiscal efectiva siguen siendo los mismos. El Gobierno debe, en su próximo intento, construir una reforma con visión de largo plazo, que equilibre justicia fiscal con sostenibilidad, y que se base en un diálogo más amplio con todos los sectores, para evitar los errores de implementación que llevaron al fracaso de esta propuesta. Las lecciones están sobre la mesa; lo importante ahora es aprender de ellas.

Magín J. Díaz

La verdadera carga tributaria que soporta la población está entre 21 y 24% del PIB, muy lejos del 14% que dice el Gobierno. En otras palabras, entre un 50% y 60% más de lo que dicen las cifras de recaudaciones.

Esta sería la posición hoy del célebre y polémico economista Milton Friedman, máximo exponente del monetarismo y de la escuela de Chicago. Me permito parafrasear al sabio profesor:

La verdadera carga tributaria que pagan las personas es el Gasto del Gobierno, no los impuestos. La razón es que los presupuestos siempre están balanceados: si el Gobierno gasta 100 pesos y recauda 50, los otros 50 los cubre con endeudamiento (o en años recientes: con adelantos de impuestos, es decir con deuda que asume el recaudador con los contribuyentes); o en algunos casos con inflación, (que por suerte no es el caso en nuestro país).

Por eso Friedman decía: “Mantengan sus ojos sobre una cosa y solamente una, el tamaño del Gobierno. Lo que no se paga ahora con los impuestos, se está pagando con deuda que en el fondo significa más impuestos en el futuro”. ¿Quién paga la deuda al final? La misma población que paga los impuestos.”

Dada esa razón, para Friedman la verdadera carga tributaria de la población no son los impuestos que paga ahora, sino el gasto del Gobierno, el cual se salda con impuestos ahora y en el futuro. Hay una pregunta que en este marco debemos hacernos: ¿Cuál es el tamaño actual del Gobierno y a dónde vamos en el muy corto plazo?

El monto de gasto presupuestado para este año es de 19.5% del PIB. Pero el Gobierno ha dicho que el aumento de impuestos que será sometido en los próximos días, se utilizará para aumentarlo en al menos RD$ 110,000 millones. Esto equivale a que el gasto subirá  luego de la reforma fiscal en 1.5% del PIB adicional. Con este monto el gasto público llegaría  a 21% del PIB en el muy corto plazo: 2025 o 2026.

¿Pero a qué aspira el Gobierno? En su propuesta fiscal de octubre del 2021 identificó necesidades de Gasto Público por un monto de 5.3% del PIB. Como el gasto ejecutado en ese año fue de 18.3% del PIB, el gasto potencial o aspiracional sería de 23.6% del PIB. Digamos que este es el monto a que aspira el Gobierno en el mediano plazo.

Volviendo a Friedman, este es el monto de la carga tributaria que soporta la población, porque ese gasto habrá que pagarlo en algún momento. La deuda nos permite posponer el pago por un tiempo, pero si los ingresos no aumentan para poner la deuda en una trayectoria decreciente, entonces podemos estar seguros de que en el futuro cercano los impuestos serán aumentados otra vez. Es triste, pero esa es la realidad.

Aquí vemos el terrible dilema del Gobierno para conciliar los dos objetivos que tiene y que se contraponen. Quiere aumentar el gasto a la vez que reduce  el déficit (y la deuda). En ese contexto se requerirá entonces una reforma de al menos 3% del PIB.

Si como se ha dicho hasta ahora el Gobierno va por una reforma de 1.5% del PIB y lo gasta todo, entonces el problema del déficit y la deuda se quedará igual.  No hay cambio.

Pero, claro, tampoco es cierto que el Gobierno se centre en esos dos objetivos solamente. Porque si fuese así, el problema sería hasta menos difícil. El reto es que la reforma no se lleve de encuentro la estabilidad política y social del país, que junto a la estabilidad macroeconómica han sido los pilares de nuestro buen desempeño en las últimas décadas.

Vamos años atrás, pues cualquiera podría preguntarse: ¿Y cómo se explica el aumento del gasto público a partir del año 2000? Una razón son las crisis, las cuales hacen aumentar el gasto de manera permanente:

• En el año 2000 el gasto público total fue de 12.8% del PIB, pero al 2004 cerró en 16.6%, en parte debido a la crisis bancaria. Con la crisis del petróleo del 2008 el gasto llegó a 18.7% del PIB y aunque bajó no lo hizo al nivel anterior, sino que se quedó un poco más alto.

• Algo similar pasó con el COVID: en 2020 el gasto aumentó mucho y luego bajó, pero se quedó a un nivel superior al 2019.

También nos hemos dado un marco institucional de países desarrollados: tenemos Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral; Cámara de Cuentas y Contraloría; Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional; tenemos Defensor del Pueblo (el ombudsman de los países nórdicos); tenemos un Congreso bicameral cuando la mayoría de los países similares lo tienen unicameral. Tenemos 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos municipales. Todo esto con una recaudación inferior al 14% del PIB.

Pero también acogimos una Estrategia Nacional de Desarrollo que se diseñó con un gasto público creciente para atender las necesidades de infraestructura, salud, educación, asistencia social y muchas otras más que demanda un país en crecimiento y con una población vulnerable que requiere intervención del Gobierno.

De hecho, nos hemos quedado cortos en cuanto a las metas previstas en la Estrategia (Ley 1-2012). Para el 2025 el gasto en educación en lugar de 4% debió ser 6.5% del PIB y el gasto en salud, 4.5% en lugar de alrededor del 2% del PIB que tenemos ahora.

A esto hay que sumarle que la inversión pública está a niveles insosteniblemente bajos, cercanos en promedio al 2.5% del PIB, cuando necesitamos el doble.

La deuda es la que ha compensado. Y como bien decía Friedman, las deudas son simplemente más impuestos que algún día el Gobierno pondrá a la población. Ya llegó ese día.

Magín J. Díaz

Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader han gobernado el país en los últimos 28 años, desde 1996. Los cuatro han hecho su mejor esfuerzo para echar el país hacia adelante y, obviamente, como todo en la vida, con luces y sombras.

Pero de lo que no hay duda es que los cuatro han tenido algo en común: en algún momento de sus mandatos absolutamente todos han realizado esfuerzos de austeridad en el gasto público, ya sea forzado por las situaciones o bien para dar señales al país de que el gobierno hacía su esfuerzo en ese aspecto tan observado y criticado.

Estos esfuerzos se realizaron a través de decretos, leyes, normas, reglamentos o hasta con la conformación de comisiones para estudiar aspectos del gasto que podían eficientizarse. En algunos casos se llegaron a formar comisiones con actores de la sociedad civil y/o de la dirigencia empresarial o sindical.

Por ejemplo, en diciembre del 2002 fue firmado el Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, entre el Presidente Mejía y el Presidente del CONEP en representación del sector empresarial. En el marco de este pacto el Gobierno se comprometía a “ejecutar el presupuesto del 2003 haciendo énfasis en la austeridad, a elevar la calidad del gasto y desarrollar mecanismos que permitieran fomentar que el empleo público se mueva hacia el sector privado, generando nuevas fuentes de trabajo y llevando las nóminas a los niveles de agosto del año 2000.”

Como consecuencia de la firma de ese pacto, en febrero del 2003 se creó mediante el decreto No. 178-03 la Comisión Nacional para la Adecuación del Personal de la Administración Pública, conformada por representantes del sector empresarial, sindical, partidos políticos, participación ciudadana, funcionarios del Gobierno y por el mediador por excelencia del país: el recordado Monseñor Agripino Núñez Collado. A esta Comisión se le otorgó un plazo de 90 días para que hiciera una propuesta de adecuación gradual del personal de la administración pública.

Algunas de las iniciativas se asumieron bajo el manto de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o bien por la presión de grupos empresariales o sociales ante aumentos en el gasto que la sociedad consideraba excesivos.

En el año 2006 en el Gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, en el contexto de un acuerdo con el FMI se aprobó la Ley No. 497-06 sobre Austeridad en el Sector Público. Entre algunas de las medidas contempladas en esta legislación se pueden citar las siguientes:

Reducción de entre un 5% y un 15% del sueldo de todos los funcionarios del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, dependiendo del rango salarial del empleado; Restricciones a la compra de vehículos y a los viajes al exterior, límites al uso de celulares, gastos de representación y dietas. También se dispuso la congelación de la nómina del Gobierno Central durante el año 2007, entre otras muchas medidas adicionales.

La publicidad nunca se escapa a estas medidas y, por ejemplo, en el año 2008 en el marco de la crisis del petróleo, el Presidente Fernández anunció un recorte de 25% en toda la publicidad del Gobierno.

Un buen momento para tomar medidas de austeridad es cuando un Presidente asume las riendas del Gobierno. Por eso Danilo Medina inició su mandato con un decreto de austeridad: el No. 499-12 de fecha 22 de agosto del año 2012. Es decir, durante la primera semana de su gestión.

Mediante este decreto se prohibieron las fiestas, los agasajos, almuerzos, recepciones, celebraciones u otras actividades de similar naturaleza. También (por enésima vez) la compra de vehículos, la compra de obsequios y de canastas navideñas. También se restringieron los gastos en publicidad y propaganda, los viajes al exterior; y se dispuso que se aplicaran medidas de ahorro y sustentabilidad en el consumo energético, el uso eficiente de agua y en el uso de materiales y suministros en las instituciones del Gobierno. Esto es solo una mención parcial de todas las medidas que dispuso ese decreto.

Mediante el decreto 262-13 del año 2013 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese año, la vigencia del decreto No. 499-12, el cual originalmente estaba vigente hasta agosto del 2013.

En cuanto a  las medidas que se tomaron en el primer cuatrienio del Presidente Abinader es mejor citarlo a él directamente. En un evento el pasado mes de febrero en la UASD dijo que la reforma del gasto público se había afianzado en estos tres años: “Se han emitido 32 decretos, varias leyes y 37 resoluciones para suprimir 13 entes y órganos, cuyos recursos ahora son remitidos a sectores esenciales, especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables.”

También, en ese mismo discurso, el Presidente Abinader resaltó la lucha contra la corrupción, las disposiciones en favor de la transparencia, así como la reducción de la burocracia en el Estado.

Hasta aquí todo muy bien: no se puede negar que todos los Gobiernos han tratado de tomar medidas de ahorro, mayor eficiencia y mejoras del gasto público. Pero, así como todos tienen eso en común, también se unen en la trayectoria del gasto público, que en las últimas décadas es creciente como se aprecia claramente en la gráfica.

Es decir, las medidas de austeridad y eficiencia han servido solo para amortiguar o contener las presiones de gasto de corto plazo, pero no han sido efectivas para evitar su crecimiento en el largo plazo. Algunos más optimistas dirán que esas medidas han ayudado a reasignar gastos a otras partidas de las erogaciones públicas que sean más prioritarias. “Whatever”, dirían en inglés.

Por lo general, esas medidas se toman no para ahorrar ni bajar el gasto total, sino para reducirlo en algunas partidas y aumentarlos en otras. También, para reasignar de gasto menos productivo a gasto más productivo (de acuerdo al criterio del Gobierno de turno).

Ahora se acaba de anunciar un plan ambicioso para eliminar y fusionar instituciones. Pero esta vez, y a mi juicio de manera correcta, el Gobierno se ha puesto adelante y le dijo muy claro a la población que estas medidas buscan mejorar la eficiencia del Gobierno y que no van a reducir el tamaño del Estado. En otras palabras, que el gasto público total no va a bajar, sino que los ahorros que se consigan van a ser utilizados en sectores prioritarios como salud, seguridad ciudadana e infraestructura.

En cuanto a otras medidas de austeridad anunciadas, es simplemente más de lo mismo: congelación de la nómina, eficiencia en el gasto de publicidad, prohibición de compra de vehículos, control a los viajes al exterior, prohibición de realización de fiestas y eventos, y un largo etc.

Si se implementan algunas de las propuestas de eliminación y/o fusión de instituciones puede haber un salto de eficiencia en el Estado, aunque esto tomará tiempo. Pero a la larga el resto de las medidas anunciadas no implicarán grandes ahorros. Son disposiciones que se han adoptado en todos los Gobiernos anteriores y que ahora se repiten para tratar de dar una señal de austeridad.

Si la sociedad espera que el anuncio de medidas de austeridad en el gasto va a evitar un aumento de impuestos, es mejor que vaya esperando otra cosa. Es que la evidencia histórica es muy clara y el problema macro de las cuentas fiscales es grande. Por eso es mejor seguirse preparando para el peor escenario, con la esperanza de que todo esto salga lo mejor posible, por el bien del país.

Fuente: El Caribe

El legendario arqueólogo Indiana Jones en su búsqueda del santo grial tuvo que superar numerosos retos y esto pudo lograrlo debido a la combinación del gran sentido común e inteligencia que lo caracterizaba. Pero ya cuando sólo le faltaba un obstáculo para alcanzar la copa de Cristo, se enfrentó a un reto imposible en que no valía ninguna de las características que lo hacían casi un super hombre: del santo grial lo separaba un precipicio insalvable.

Ahí se dio cuenta de que este reto nada tenía que ver con inteligencia ni con su vasta cultura. Era una prueba de fe. Es el famoso salto de fe de Indiana Jones. Para alcanzar el santo grial tenía que dar un salto al vacío, confiando en que su fe le garantizaba cruzar al otro lado.

Pues ahora viene un salto de fe para todos los dominicanos: tenemos que confiar en que vamos a estar mejor pagando más impuestos.

Al santo grial se le atribuyen poderes sobrenaturales, incluido el privilegio la vida eterna a quien beba de él. De igual manera muchas personas esperan resultados mágicos de esta reforma tributaria. Comparto una lista parcial de expectativas:

Bajar el déficit fiscal, aumentar el gasto público en salud, seguridad ciudadana, defensa, seguridad social, pensiones, infraestructura y hasta en el sector eléctrico; Reducción de la deuda del Gobierno y de la deuda del Banco Central; Reducción de las tasas de interés, Aumento del crecimiento de la economía (según un estudio del Fondo Monetario Internacional publicado el pasado 24 de junio); Sostenibilidad de la deuda pública, Menor volatilidad en el tipo de cambio, Mejora de la posición patrimonial del Banco Central, Reducción de la desigualdad a través de una combinación de impuestos progresivos y más gasto público. También reducción de la pobreza por un aumento del gasto en programas sociales focalizados (y el mayor crecimiento económico); Menos tapones en las calles (porque el Gobierno va a tener más dinero para mejorar la infraestructura vial) y menos calles inundadas porque habrá dinero para hacer el drenaje pluvial.

Esto es solo una oferta limitada de todo lo que recibiríamos del Gobierno a cambio de aumentarnos los impuestos. En teoría todo está muy bien. Y la realidad es se necesita recaudar más. Pero en la práctica todo se complica.

Para empezar la reforma tiene dos grandes objetivos que han sido delineados por el Presidente Abinader: Gastar más, por un lado. Y por el otro lado, bajar el déficit fiscal. El problema es que estos dos objetivos son contrapuestos: la única forma de cumplirlos a la vez es con una reforma de gran tamaño, digamos una que haga aumentar las recaudaciones en unos RD$ 200,000 millones. Y esta sería la reforma más grande en una generación completa. Nada fácil.

El otro inconveniente es la clase media. Que los ricos paguen más no es problema y de hecho es algo deseable. Que los pobres paguen más es inevitable, pero es algo que se puede manejar, compensándolos a través del aumento de los programas sociales focalizados. En otras palabras: en esta época, los pobres no son el gran problema a la hora del diseño y aplicación de un aumento de impuestos. Ya tenemos la infraestructura logística y tecnológica para compensarlos y que la reforma los deje igual o incluso mejor que antes.

Pero no hay forma de recaudar dos o tres puntos del PIB sin que, como mínimo, la mitad de esa recaudación provenga del ITBIS, que es un impuesto regresivo. Al 30% o 40% más pobre se le puede realizar una transferencia que lo compense por el aumento producto de la reforma. Es lo que se llama ITBIS o IVA personalizado (IVA-P); pero la clase media sufrirá.

Al generalizar el ITBIS, gravando bienes y servicios actualmente exentos, se obtiene lo siguiente:
-Más del 40% de la reforma lo paga el 20% de más altos ingresos. Eso está bien. Es la corrección de una distorsión terrible. Por exonerar a los pobres, se termina exonerando a los ricos que pueden pagar más ITBIS sin problemas. Es lo que se llama la estrategia universal del ITBIS: exonerar a todos para no perjudicar a los más pobres, lo cual implica renunciar a recaudar el impuesto de un segmento de la población con capacidad contributiva.

-La transferencia que se realice al 30% más pobre de la población luego de la reforma lo compensa por el aumento del ITBIS. (Ojo: Más transferencias profundizan el Estado asistencialista, pero ese es otro tema).

-El problema es la clase media: los deciles 4 a 8 pagan mayores porcentajes del ITBIS producto de la reforma que del ITBIS actual. Si el Gobierno hace un aumento agresivo de la base de este impuesto, la clase media puede terminar pagando hasta un 40% más de ITBIS de lo que paga actualmente.

Aunque quiera, el Gobierno no puede compensar directamente vía gasto público a la clase media. La apuesta del Gobierno sería convencer a ese segmento de que elevará la calidad del gasto público y que recibirá mejores servicios públicos, por ejemplo. Un gran salto de fe.

El Gobierno tendrá que acompañar el aumento de impuestos con otras reformas importantes: ¿Cuál será el plan en el sector eléctrico? ¿Qué esfuerzos hará el Gobierno con el gasto público para eliminar instituciones, bajar la nómina y mejorar la eficiencia? Creer en lo que se proponga también es un salto de fe porque cualquiera de estas propuestas toma mucho tiempo en dar resultados.

En términos sencillos: cualquier mejora en la eficiencia del gasto público toma tiempo y no necesariamente implicará una reducción del monto. Con el agravante de que el Gobierno necesita más ingresos sin dilación. Todo esto es un salto de fe de proporciones elefantiásicas.

Ah, se me olvidaba algo: beber del santo grial puede dar la vida eterna. De igual forma una reforma tributaria bien diseñada puede llevarnos a un nivel de crecimiento y desarrollo mayor. Pero no hay que obviar que, si se escoge una copa equivocada y se toma de ella, en lugar de vida eterna, el resultado sería lo contrario…

A medida que el gasto público sigue creciendo la única opción viable es aumentar los impuestos o reducir las erogaciones del Gobierno, una decisión difícil que desafía las promesas políticas, pero que podría marcar el rumbo económico del país en el corto y mediano plazo.

Recientemente un amigo me planteó, con tono de increpación, que los organismos internacionales son abusadores. Esto, debido a las últimas recomendaciones que hicieron sobre la reforma tributaria en el país.

Para poner en contexto la incomodidad de mi amigo, vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que las recaudaciones dominicanas deben aumentar hasta llegar por lo menos al promedio de países comparables. Esto implica aumentar los ingresos tributarios de 13.6% a 17.6% del PIB. Un incremento de esta magnitud equivale a unos 300,000 millones de pesos.

El Banco Mundial fue aún más lapidario: de acuerdo a sus datos, el país es uno de los de más baja recaudación del mundo, ocupando el puesto 30 de 144 países. De acuerdo a esta institución, no hay razón para que la recaudación no aumente en el en el corto plazo a 17% del PIB y en el mediano plazo hasta 20%, sin que esto afecte el ritmo de crecimiento de la economía.

¿Y serán locos los técnicos de estos multilaterales o abusadores como dice mi amigo? ¿Qué diablos están viendo ellos que mucha gente no ve, para estar sugiriendo un aumento tan brutal de impuestos? Para encontrar la respuesta no hay que ser ingeniero en diseño de cohetes. Es un ejercicio sencillo de aritmética.

Por un lado, el FMI y el Banco Mundial están viendo unas recaudaciones estancadas desde 2019, porque ellos no toman en cuenta al hacer sus proyecciones los ingresos por amnistías ni adelantos, ni otras yerbas aromáticas. Se enfocan en los ingresos estructurales que recaudan la DGII y la DGA. En la gráfica se observa que éstos se encuentran en los mismos niveles Pre-COVID.

Muchos podrán decir que esta comparación no es relevante. Que no se deben medir las recaudaciones en términos relativos al Producto Interno Bruto de una economía, porque ésta es una variable esotérica que puede tener errores de medición.

Pero aquí hay algo crítico con este argumento: aunque fuera válido, el problema es que los gastos en términos relativos al PIB sí van aumentando (contrario a las recaudaciones). Antes del COVID, el gasto público total en relación al Producto Interno Bruto fue en promedio de 17.3%. Con la última modificación presupuestaria, el gasto total en 2024 alcanzaría el 19.5% del PIB. Sencillo: mientras las recaudaciones tributarias son inferiores a 14% del PIB, los gastos van convergiendo a 20% del PIB.

Lo anterior tiene el agravante de que el Gobierno ha dicho muy claro que el gasto público debe aumentar en seguridad social, programas de asistencia, infraestructura, transferencias al Banco Central y un largo etcétera. Es decir, en el muy corto plazo la intención del Gobierno es que el Gasto Público aumente al menos a 21% ó 22% del PIB.

El Banco de Inversión JP Morgan lo dijo muy claro en un informe publicado el pasado 29 de julio: “Es muy probable que la reforma aumente los ingresos y racionalice el gasto, no tanto para reducir la relación deuda/PIB, sino para aumentar el tamaño del gobierno y proporcionar redes de protección social que una sociedad cada vez más rica probablemente demandará.”

Es decir, hasta los inversionistas internacionales están esperando un aumento adicional del Gasto Público en República Dominicana.

Al comparar los ingresos y los gastos del Gobierno consolidado (incluyendo el Banco Central), vemos que el déficit es muy similar al periodo Pre-COVID, cuando se elimina el efecto de los ingresos extraordinarios por amnistías y adelantos de impuestos.

En efecto, el déficit consolidado del Estado Dominicano fue en promedio de 4.5% del PIB en el periodo 2005-2019.

En el periodo 2021-2023 el déficit reportado fue de 4.1% del PIB. Pero este dato no es el que analiza el FMI para fines de hacer su diagnóstico. Ellos sustraen el impacto de ingresos por adelantos o amnistías bajo el supuesto de que no se pueden hacer estas operaciones todos los años (es lo que ellos llaman ingresos “one off” en inglés, o ingresos por una sola vez en el idioma de Cervantes).

Cuando hacemos este cálculo, el déficit implícito o estructural en estos años ha sido de 4.7% del PIB. Esto equivale a uno 350,000 millones en pesos del 2024 o casi 30,000 millones de pesos mensuales.

Pero ahora gastamos más en pago de intereses, transferencias del Gobierno y nómina pública (básicamente más gasto corriente); y mucho menos en inversión pública, una combinación que no es deseable ni sostenible. En algún momento la reducción en la inversión pública tendrá un impacto negativo en la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Con este simple análisis vemos que los organismos internacionales no son ni están locos ni tampoco son abusadores. El país ha decidido gastar más y eso lo han validado los partidos políticos de todos los colores y sabores. Si es así, entonces hay que recaudar más.

Si la sociedad no quiere pagar más impuestos, entonces la clase política tendrá que tomar la decisión de gastar menos. Esto si acaso el Gobierno es responsable y creo que éste claramente lo es; y por eso ha sacrificado la inversión pública.

Hay Gobiernos irresponsables, como los de Argentina y Venezuela, quienes han gastado mucho más que sus ingresos y como no quieren cobrar más impuestos, han recurrido a financiar el gasto público con emisiones monetarias del Banco Central. Esto ha traído en ambos países crisis terribles que están llevando esos países a la miseria con casos históricos de hiperinflación.

Es lo que Milei está tratando de resolver y por lo que dicen que es un loco. Pero más locos fueron los que llevaron a ese país adonde está ahora, sin dudas. Palos si bogas y palos si no bogas, diría un amigo que está en el Gobierno.

En el caso nuestro no se ve una crisis en el horizonte. Pero el Gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles y que en muchos casos van en contra de la narrativa que asumió en la oposición. O baja el gasto o aumenta los impuestos en una magnitud que no se ha visto desde la reforma de Balaguer de 1992. Ya veremos.

La República Dominicana está ante el reto de una reforma fiscal integral bien diseñada para mejorar las recaudaciones como acción crucial para la convergencia económica con países avanzados, la reducción de la desigualdad y el mejoramiento de la sostenibilidad fiscal. Ojos globales nos miran en expectativa de qué pasará con este tema.

Desde que el presidente Luis Abinader anunció la reforma fiscal justo después de las elecciones, los organismos multilaterales se han volcado en apoyo a la iniciativa, fijando posición pública en los medios de comunicación. He decidido repasar los planteamientos centrales de las tres principales instituciones internacionales que velan por la economía y el desarrollo de los países.

Me refiero al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI). El registro de sus exposiciones, de carácter oficial, define las expectativas económicas y fiscales de estas instituciones de cara al nuevo período de gobierno.

Las palabras claves que construyen el campo semántico del Banco Mundial, el BID y el FMI respecto a la reforma fiscal en la República Dominicana son: aumento de la recaudación, reforma integral, convergencia y reducción de la desigualdad, necesidad inmediata de inversión en servicios, infraestructura y capital humano; déficit fiscal recurrente, deuda pública en aumento y mejora en la calificación de riesgo del país.

Veamos ahora cómo se ha pronunciado cada institución multilateral para luego fijarnos una idea de cuál podría ser el marco de actuación del gobierno:

Banco Mundial (17 de junio):

1. La República Dominicana puede aumentar su recaudación entre dos y tres puntos porcentuales del PIB sin afectar su ritmo de crecimiento.
2. Mejorar las recaudaciones es crucial para la convergencia económica dominicana con países avanzados, la reducción de la desigualdad y para mejorar sostenibilidad fiscal. Con un nivel deuda pública desafiante y alta carga de intereses, una mejora de las recaudaciones reduciría estos costos, beneficiando al sector público y privado. Además, una reforma integral podría estimular el crecimiento económico y mejorar el clima de inversión.
3. El país no puede esperar a que se generen ahorros en el gasto (los cuales toman tiempo) para empezar a mejorar la calidad de su educación, salud, y el suministro de servicios de agua, saneamiento, transporte urbano y caminos rurales.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (26 de junio):

1. República Dominicana ha crecido a un paso acelerado en las últimas décadas, registrando un crecimiento anual promedio de 5%. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de déficits fiscales recurrentes y de un endeudamiento público en aumento.
2. Si el país no cambia esta trayectoria pronto, el Estado se verá cada vez más limitado para invertir en infraestructura pública y en formación de capital humano, dos insumos esenciales para sostener, e incluso potenciar, el notable crecimiento registrado hasta ahora.
3. La buena noticia es que el país puede revertir esta situación. Para ello necesita llevar a cabo una reforma fiscal integral que le permita aumentar los ingresos tributarios (que están entre los más bajos de América Latina y el Caribe y representan menos de la mitad del promedio de los países desarrollados).

Fondo Monetario Internacional (FMI) (24 de junio):

1. Un aumento permanente de los ingresos fiscales en al menos un 2 por ciento del PIB permitiría aumentos sostenibles de la inversión pública clave y del gasto social, lo que ayudaría a impulsar la productividad y el consumo privado, al tiempo que reduciría la desigualdad y la pobreza.
2. Retrasar una reforma fiscal integral no solo sería costoso, sino también una oportunidad perdida en su camino hacia el grado de inversión.
3. Una reforma fiscal integral podría ayudar al país a aumentar los ingresos y obtener una calificación de grado de inversión.

La cereza sobre el pastel
Como colofón, tenemos el comunicado oficial al término de la misión del FMI que recientemente visitó el país para pasar balance a la economía. Esto ocurrió el 24 de julio y la síntesis es la siguiente:

1. La política fiscal debe seguir centrada en la reposición del espacio fiscal. La consolidación fiscal gradual prevista por las autoridades, acorde con la ley de responsabilidad fiscal es adecuada para situar la deuda en una firme trayectoria descendente.
2. Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones, en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia en el gasto, incluidos menores subsidios al sector de la electricidad y menores transferencias no focalizadas.
3. Dicha reforma creará espacio fiscal adicional y proporcionará recursos para el gasto necesario en desarrollo (incluida infraestructura resiliente a los desastres).

La posición de los organismos internacionales está más clara que el agua. El Banco Mundial, el BID y el FMI coinciden en la necesidad imperiosa de una reforma fiscal integral que no solo aumente la recaudación, sino que también mejore la eficiencia del gasto público, reduzca la evasión fiscal y elimine exenciones innecesarias. Estos pasos son cruciales para garantizar la sostenibilidad fiscal y la inversión en infraestructura y capital humano, elementos esenciales para el crecimiento a largo plazo.

El Gobierno dominicano enfrenta el reto de diseñar y ejecutar una reforma que cumpla con estas expectativas y fortalezca la economía del país sin sacrificar el desarrollo social.

La implementación de estas recomendaciones será determinante para alcanzar una calificación de grado de inversión y asegurar un futuro más próspero y equitativo para todos los dominicanos. La espera por la respuesta del Gobierno no será larga, pero el proceso estará lleno de complejidades que requerirán un enfoque estratégico y una ejecución precisa.