El ajuste fiscal necesario para poner la deuda en una trayectoria descendente sería el más grande de los últimos 30 años. De no hacerlo, la presión sobre las finanzas públicas será tal que no habrá suficientes recursos para gasto social o infraestructura.
Al cierre del próximo año, la deuda del Gobierno rondará el 60% del PIB. Estos altos niveles de pasivos son muy superiores a los que se vieron en el país durante la crisis macroeconómica del año 2003. Para un país con recaudación históricamente baja, la carga de la deuda se hace cada vez más pesada. El próximo año el pago de los intereses sobrepasará el 30% de los ingresos tributarios.
El ajuste fiscal necesario para poner la deuda en una trayectoria descendente sería el más grande de los últimos 30 años. De no hacerlo, la presión sobre las finanzas públicas será tal que no habrá suficientes recursos para gasto social o infraestructura.
Una parte de la solución puede ser la venta de activos o la reestructuración de la deuda. Pero esto solo resuelve temporalmente el tema coyuntural de liquidez y, si bien permite ganar algo de tiempo al Gobierno, no resuelve el problema estructural. También, y en vista de que estamos ante una crisis mundial, el país debe desde ya trabajar en adherirse a iniciativas globales que traten de buscar alivio a los países en medio de esta crisis sin precedentes.
Pero estos dos caminos no librarán a los dominicanos de la realidad: hay que hacer un ajuste fiscal de gran magnitud. No hay escapatoria. La pregunta es quién va a pagar la cuenta.
Una opción es reducir el gasto público. Esta es la menos realista de todas las soluciones y enfrentará al Gobierno no solo con una sociedad que demanda cada vez más gasto, sino con su propio partido en el cual muchos entienden que llegó al poder para recibir una cuota del presupuesto. Y aunque se ha vendido lo contrario, la realidad es que el gasto público es bajo en el país. Sin dudas, hay mucha oportunidad para mejorar su calidad y hacerlo más eficiente. Pero será muy difícil bajarlo.
Ajustar por el lado del gasto implica bajar la inversión pública en uno de los países que menos invierte en infraestructura o reducir el gasto social en momentos en que se requiere aumentarlo; o bien bajar la nómina pública en momentos en que los militantes del partido de gobierno exigen más empleo público como justa compensación por haber trabajado para la victoria electoral. En adición, lograr un ahorro significativo en la nómina pública implicaría tirar a la calle a cientos de miles de personas en vista de que el salario promedio del Gobierno es inferior a 30,000 pesos mensuales. Cada una de estas medidas tiene consecuencias nefastas no solo con costos políticos sino con un costo social potencialmente devastador.
Otra opción es hacer el ajuste por el lado de los ingresos: subir las recaudaciones. Esto implica aumentar la carga tributaria de las personas y/o de las empresas para llevar la presión tributaria del país a niveles cercanos a los contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. No hay forma sencilla de decirlo: la próxima reforma tributaria eso es lo que perseguirá. Se llame eliminar exenciones, combatir la evasión o el fraude, Pacto Fiscal o como sea.
Recientemente ya se vio la reacción en las redes sociales de la población ante la intención del Gobierno de aumentar las recaudaciones por un monto insignificante comparado al monto necesario que se va a necesitar en una reforma tributaria. El Poder Ejecutivo dio marcha atrás rápidamente afectando su credibilidad.
El Gobierno puede decantarse por una tercera opción: no hacer nada. Esto eventualmente llevaría a un default de la deuda pública. Es decir, que la cuenta la paguen los inversionistas que apostaron al país y a la seguridad que les dio el Gobierno de que iba a honrar sus compromisos. Pero el diablo está en los detalles: ¿cuál deuda dejaría de pagar el Gobierno? ¿La deuda con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial? ¿Los Bonos Soberanos? ¿los Bonos Domésticos? Esta última en manos de las AFP, entidades del sector financiero y público en general.
El Gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles y deberá contar con el apoyo de la sociedad consciente si presenta un programa razonable. Pero no saldrá ileso. Se verá enfrentado a un partido y a una sociedad que lo llevaron al poder que demandan más gasto, más exenciones y menos impuestos; o a sectores que no están dispuestos a pagar más impuestos, como la clase media o como los secto exentos. La opción de no hacer nada nos puede llevar a una crisis aun mayor.
